El Gobierno de Cantabria, responsable civil en el caso de una residente agredida

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria tendrá que responder como responsable civil por el suceso que se produjo, en junio del año pasado, cuando un médico residente de un centro sanitario de la capital cántabra apuñaló a una compañera MIR en las instalaciones del hospital.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Santander establece en un auto que el Gobierno regional debe ser responsable civil en este caso, al ser el titular del centro público, lugar en donde se produjeron los hechos.
FianzaEl auto judicial recoge la responsabilidad del Ejecutivo en el hecho de que el procesado estaba vinculado laboralmente con el hospital como MIR, lo mismo que la residente agredida.
El Juzgado eleva hasta 50.000 euros la fianza que se impuso al agresor para asegurar las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de esta causa.
En el auto de procesamiento del acusado, ese mismo Juzgado había fijado la fianza en 25.000 euros, pero, tras estudiar los recursos que se plantearon, la juez decidió doblar la cuantía, a la vista del informe médico de la víctima, hija de un facultativo, tanto por el tiempo que tardó en recuperarse de las heridas como por las secuelas que le han quedado.
Los hechos ocurrieron hacia las 22:00 horas del 4 de junio de 2008, cuando el procesado, un médico residente que cumplía su cuarto año de formación en el departamento de Anatomía Patológica, atacó con un estilete a una compañera que estaba de guardia y le asestó varias puñaladas.
La víctima sufrió heridas en el tórax, el abdomen, los brazos y las piernas y tuvo que ser operada de urgencia.
Estuvo ingresada 28 días, tardó en curarse 322 días y 93 de ellos estuvo impedida. El Juzgado de Instrucción estableció que los hechos que se le imputan pueden ser constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa.
Asimismo, la juez ha acordado que el acusado prosiga en prisión provisional, comunicada y sin fianza, hasta que se celebre el juicio, para el que todavía no hay fecha. La juez ha basado su decisión en la existencia "de indicios claros" en contra del residente y porque, a pesar de que padece un trastorno de personalidad esquizoide, el MIR se negó a someterse al tratamiento médico necesario.
La juez también ha justificado esa medida de prisión provisional en que había un "importante riesgo" de que el procesado volviera a cometer hechos similares.

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